La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha lanzado un proceso de consulta acerca de la implementación de la “Regla de viaje para transacciones con criptomonedas”. Esta institución está en búsqueda de los comentarios sobre los procedimientos que los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) deben completar para recopilar la información necesaria para cumplir con la regla de viaje.
La regla de viaje es una medida de prevención del blanqueo de capitales que requiere que los participantes en una transacción financiera transfieran información sobre la transacción a las autoridades competentes. En el caso de las transacciones con criptomonedas, esta regla se aplica a las transferencias entre billeteras alojadas por CASP.
Las pautas propuestas por la EBA establecen que los CASP deben aplicar al menos dos procedimientos para determinar si el usuario que inicia la transacción tiene el control de ambas direcciones involucradas. Estos procedimientos incluyen el uso de herramientas analíticas avanzadas, la toma de fotos o videos del usuario, el envío de una cantidad predefinida a la cuenta del CASP, la firma de un mensaje específico en la cuenta y el software de billetera, y la solicitud al cliente que firme digitalmente un mensaje en la cuenta y el software de billetera.
Si los CASP no pueden recopilar la información requerida después de estos procesos, deberían aprovechar más procesos para completar la información requerida.
Impacto potencial de las nuevas directrices por parte de la Autoridad Bancaria Europea
Las nuevas directrices propuestas por la EBA podrían tener un impacto significativo en el sector cripto, esto es debido a que los CASP recopilan información sobre las transacciones, dificultando en cierta medida el uso de las criptoactivos para los usuarios, al tiempo que impacta en forma positiva la adopción para las instituciones debido a que este permite que no exista blanqueo de capitales ni financiación del terrorismo.
Sin embargo, las directrices también podrían generar costos adicionales para los CASP y podrían dificultar el uso de las criptomonedas para transacciones legítimas. Por ejemplo, los CASP podrían tener que invertir en nuevas herramientas y procesos para cumplir con las directrices. Además, los usuarios de las criptomonedas podrían tener que proporcionar más información personal a los CASP, lo que podría generar preocupaciones sobre la privacidad.
