La National Sheriffs' Association se opone al proyecto alegando “riesgos significativos para la seguridad pública y la aplicación de la ley”, mientras Donald Trump sondea un acuerdo ético bipartidista que permita votar en el Senado antes del receso.
La CLARITY Act, la pieza llamada a dar certeza jurídica al sector blockchain en Estados Unidos, ha tropezado con un obstáculo que casi nadie tenía en su hoja de ruta: no viene de la banca, ni de los reguladores financieros, sino de las fuerzas del orden. La National Sheriffs' Association (NSA) ha registrado su oposición al texto por lo que describe como “riesgos significativos para la seguridad pública y la aplicación de la ley”, complicando el calendario político justo cuando la Casa Blanca empujaba para cerrar la votación.
Una objeción policial, no financiera
Conviene precisar el acrónimo, porque induce a error: aquí la NSA es la National Sheriffs' Association, la asociación de sheriffs del país, no la agencia de inteligencia. Y su postura no es unánime dentro del mundo policial. Otros grupos del mismo ámbito —entre ellos la Fraternal Order of Police y la Major Cities Chiefs Association— sí han respaldado la versión actual de la propuesta. Es decir, el bloque de seguridad pública está dividido, y esa división es precisamente lo que convierte la objeción de los sheriffs en un problema político manejable pero incómodo: da munición a quien quiera retrasar el trámite sin tener que discutir de criptomonedas.
El párrafo que lo tensa todo: los desarrolladores no custodiales
El núcleo del choque está en la cláusula que protege a los desarrolladores de finanzas descentralizadas (DeFi), la misma línea argumental que sostiene la Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA): que los constructores y desarrolladores no custodiales “no están, y nunca han estado, sujetos a obligaciones de registro bajo la Bank Secrecy Act”. La formulación es deliberadamente declarativa —no crea una exención nueva, afirma que nunca existió tal obligación—, y ahí es donde los sheriffs ven el peligro: si el Congreso codifica esa lectura, temen perder margen de maniobra frente a quien escribe software que mueve dinero sin custodiarlo. Para la industria, en cambio, es justo lo contrario: la garantía de que escribir código no equivale a operar un negocio de transmisión de fondos.
Trump, el reloj y el acuerdo ético
Pese a la oposición, el presidente Donald Trump presiona para que el proyecto no muera por agotamiento del calendario y ha pedido votar “ya” la ley crypto. En paralelo, evalúa un acuerdo ético bipartidista que podría destrabar la votación en el Senado antes del receso de agosto, una negociación en la que aparecen nombres a ambos lados del pasillo —John Thune y Chuck Schumer en la dirección de las bancadas, Thom Tillis y Ruben Gallego entre los senadores implicados— y con Scott Bessent en la órbita del Ejecutivo. La ecuación es sencilla de enunciar y difícil de resolver: sin concesiones en el capítulo ético no hay votos demócratas, y sin votos demócratas no hay ley antes del verano.
Qué hay en juego
Si la CLARITY Act sale adelante, Estados Unidos tendría por fin un reparto explícito de competencias y unas reglas escritas para el sector, el marco que la industria lleva años reclamando y que el capital institucional suele exigir antes de comprometerse. Si la oposición de los sheriffs consigue enfriarla y el reloj llega al receso, la alternativa no es un texto mejor: es más tiempo en la misma indefinición regulatoria, con Bitcoin y el resto del mercado operando bajo interpretaciones caso por caso. La batalla, en todo caso, ya no se libra entre reguladores financieros y exchanges, sino entre quien aplica la ley en la calle y quien escribe el código.