La segunda ronda de conversaciones en la Casa Blanca sobre los rendimientos de las stablecoins terminó sin un pacto formal, pero con una señal clara: ambas partes están más cerca que nunca de un compromiso, y el gobierno de Trump ha puesto fecha al desenlace.
El debate sobre si las stablecoins pueden o no ofrecer rendimientos a sus tenedores se ha convertido en el principal escollo para una ley de mercado de criptoactivos en Estados Unidos. Esta semana, la Casa Blanca acogió la segunda reunión de alto nivel entre los gigantes bancarios y las principales empresas del sector cripto. El resultado, según todos los participantes, fue «productivo», pero insuficiente para cerrar un acuerdo. Mientras los bancos defienden una prohibición general de estos incentivos, las firmas tecnológicas reclaman un marco claro que permita la innovación. Con una fecha límite fijada para finales de febrero, la presión se intensifica para que los negociadores traduzcan el consenso en lenguaje legal.
El núcleo del conflicto: ¿son las recompensas de las stablecoins un producto bancario?
El meollo de la disputa que está dando lugar en la Casa Blanca es aparentemente sencillo, pero sus implicaciones son profundas. Las stablecoins, criptomonedas ancladas al valor del dólar 1:1, han funcionado hasta ahora como herramientas de pago y transferencia. Sin embargo, algunas plataformas han comenzado a ofrecer rendimientos o recompensas por mantener estos tokens, lo que las asemeja a cuentas de ahorro. Para la banca tradicional, esto supone una competencia desleal y un riesgo sistémico si no están sujetas a las mismas reglas que los depósitos bancarios (seguros, reservas, liquidez).
Por ello, la propuesta de los bancos, que incluía a entidades como JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America y Citi, se basa en principios de prohibición general de rendimientos financieros o no financieros ligados a stablecoins de pago. El documento presentado también busca prohibir que se comercialicen como si fueran depósitos asegurados y otorgar poderes sancionadores a los reguladores. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación indican que el lenguaje ha cambiado sutilmente, incluyendo ahora la posibilidad de «exenciones», una puerta abierta al compromiso que antes estaba cerrada.
La postura cripto: espacio para la innovación y el rendimiento
Frente a esta postura, las empresas de criptomonedas —representadas por Coinbase, Ripple, a16z, Paxos y la Blockchain Association— defienden que las stablecoins son un vehículo de pago moderno y que su capacidad para generar rendimiento es una característica tecnológica, no un producto bancario encubierto. Su principal demanda es que la ley defina de manera amplia y clara las «actividades permitidas». Sin esa claridad, argumentan, la innovación se traslada a otras jurisdicciones y Estados Unidos pierde su liderazgo financiero. Stuart Alderoty, director legal de Ripple, fue optimista tras la reunión: «El compromiso está en el aire». Esta sensación de avance fue compartida por Dan Spuller, cofundador de Everstake, quien destacó que la segunda sesión pasó de debates generales a una «resolución seria de problemas».
El reloj corre: la fecha límite del 1 de marzo
Consciente de que la ventana de oportunidad política puede cerrarse, la administración Trump ha asumido un papel activo. Patrick Witt, director ejecutivo del Consejo de Asesores Presidenciales para Activos Digitales, ha liderado las sesiones con un objetivo claro: tener un texto de consenso listo antes de que termine febrero.
Según varias fuentes, la fecha límite interna es el 1 de marzo. La estrategia es incluir el acuerdo sobre stablecoins como pilar de una ley de estructura de mercado más amplia que lleve años estancada en el Congreso. Summer Mersinger, CEO de la Blockchain Association, agradeció el liderazgo de la administración y reiteró el compromiso de la industria para traducir las conversaciones en «texto legal».
Qué significa para el usuario y el mercado
Para el consumidor medio, la situación actual es de statu quo. Las plataformas que ofrecen rendimientos por stablecoins (como las que operan en mercados DeFi o ciertos exchanges) continúan haciéndolo sin cambios inmediatos. Sin embargo, el resultado de estas negociaciones definirá si estas prácticas se convierten en la norma, se limitan drásticamente o quedan reservadas a entidades con licencia bancaria.
Para el mercado, el mero hecho de que la Casa Blanca esté mediando y haya fijado una fecha límite es una señal positiva de que, más allá de las diferencias, hay una voluntad real de legislar. El impacto en las acciones de empresas cotizadas como Coinbase (COIN), que registró una subida superior al 10% en la misma jornada de las conversaciones, sugiere que los inversores descuentan un desenlace pactado y no una guerra regulatoria.
Para profundizar en el estado de la legislación sobre stablecoins, se puede consultar la página oficial de la Casa Blanca. También es útil conocer la postura de la Reserva Federal sobre monedas estables y el sistema de pagos.
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