El regulador financiero de Japón planea sacar a las criptomonedas de la ley de pagos para equipararlos a acciones y bonos, un giro que busca mayor transparencia y control ante su uso masivo como inversión.
El paisaje regulatorio de las criptomonedas en Asia está a punto de sufrir una transformación profunda. La Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) ha presentado una propuesta para trasladar la supervisión de los activos digitales desde la Ley de Servicios de Pago (PSA) hacia la Ley de Instrumentos Financieros y de Intercambio (FIEA). Este movimiento, que podría legislarse en 2026, refleja un reconocimiento oficial: las criptomonedas han evolucionado de ser meros instrumentos de pago a convertirse principalmente en objetivos de inversión, tanto en Japón como a nivel internacional. El cambio busca ofrecer una protección al usuario acorde con los riesgos que conlleva este nuevo rol, alineando así el marco japonés con tendencias globales de mayor rigor.
De medio de pago a producto de inversión: el corazón del cambio
La propuesta de la FSA representa un cambio de paradigma. Hasta ahora, la PSA trataba a los criptoactivos de forma similar al dinero electrónico, regulando aspectos como el registro de los exchanges y la custodia. El nuevo enfoque bajo la FIEA, la principal ley que rige los mercados de valores en Japón, los trataría como productos financieros de inversión. Esto conlleva obligaciones mucho más estrictas, centradas en la transparencia, la divulgación de información y la lucha contra las prácticas comerciales desleales, imitando los estándares aplicados a las acciones tradicionales.
Japón: Mayor escrutinio en los lanzamientos de criptomonedas y lucha contra el abuso de información
Uno de los impactos más directos se vería en las Ofertas Iniciales en Exchange (IEO), que son ventas de tokens gestionadas por plataformas registradas. La nueva normativa impondría requisitos de divulgación previa a la venta muy detallados, obligando a los emisores a revelar información clara sobre el equipo detrás del proyecto, la economía del token y el uso de los fondos recaudados. Además, los proyectos deberían pasar inspecciones por parte de la Asociación de Exchange de Activos Criptográficos y Virtuales de Japón (JVCEA) para verificar su seguridad y viabilidad.
La propuesta también introduce por primera vez en Japón una regulación explícita contra el uso de información privilegiada (insider trading) en criptoactivos, siguiendo el modelo de los mercados de valores. Estas reglas prohibirían a personas en posiciones privilegiadas que posean información material no pública operar con ese activo antes de que la información se haga pública. Asimismo, se extenderían las normas contra el comercio injusto, incluyendo medidas contra el marketing encubierto.
Un impulso a la claridad regulatoria en Asia y el mundo
Este giro regulatorio en Japón no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia regional y global. Según un informe de TRM Labs, Asia-Pacífico (APAC) continúa definiendo cómo debe ser una regulación de criptoactivos orientada al futuro. En toda la región, la discusión ha pasado de cuestionar la legitimidad de instrumentos como las stablecoins a preguntarse cómo integrarlos de manera segura en los sistemas de pago y bancarios.
Japón se suma así a otras jurisdicciones que están madurando sus marcos. Mientras la Unión Europea implementa MiCA y Estados Unidos avanza con su propia legislación, la propuesta japonesa refleja una competencia por ofrecer reglas claras y proporcionadas que, lejos de ahuyentar la innovación, buscan impulsar la adopción institucional atrayendo a entidades financieras que requieren seguridad jurídica.
Implicaciones para exchanges, emisores y el sistema financiero
Para los proveedores de servicios de criptoactivos en Japón, el cambio sería significativo. Necesitarían obtener nuevas licencias bajo la FIEA y construir sistemas robustos para la divulgación de información, la gestión de riesgos y la constitución de fondos de reserva. Los prestamistas de criptomonedas también caerían bajo el alcance de esta ley, teniendo que desarrollar marcos de gestión de riesgos más sólidos.
La FSA también busca herramientas más fuertes para actuar contra plataformas no registradas, incluidas las que operan desde el extranjero o están vinculadas a exchanges descentralizados que atiendan a usuarios japoneses. Las sanciones penales para los negocios no registrados aumentarían hasta un máximo de cinco años de prisión, multas de hasta 5 millones de yenes, o ambas. Este endurecimiento busca proteger a los inversores y llevar una mayor parte de la actividad criptográfica al ámbito supervisado, reduciendo los riesgos asociados a los segmentos no regulados del ecosistema.
Para más información
- Sitio web oficial de la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA)
- Informe «Global Crypto Policy Review & Outlook 2025/26» de TRM Labs (en inglés)
- Análisis sobre la evolución regulatoria global en InfoBaE
