El Salvador, el país pionero en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, ha dado un giro significativo en su política cripto; y recientemente, han implementado reformas a la “Ley Bitcoin” que eliminan la obligatoriedad de aceptarlo como forma de pago en transacciones.
Esta modificación implica que los agentes económicos ya no están obligados a recibir BTC si no lo desean, la aceptación se vuelve voluntaria, lo que brinda mayor flexibilidad a las empresas y comercios en sus operaciones diarias.
Otro cambio importante es que el Estado salvadoreño se retira del uso de Bitcoin en transacciones y ya no lo considera moneda de curso legal, esto se refleja en la derogación de artículos que permitían el pago de impuestos con Bitcoin y la obligación del Estado de proveer mecanismos para su uso.
Estas modificaciones responden a la necesidad de El Salvador de cumplir con un acuerdo de préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exigió al gobierno reducir su involucramiento con Bitcoin; además, la adopción generalizada de Bitcoin no alcanzó los niveles esperados, lo que llevó al país a ajustar su enfoque regulatorio.
Si bien estos cambios representan un ajuste en la estrategia de El Salvador con respecto a Bitcoin, no significan el fin de la criptomoneda en el país, bitcoin sigue siendo un activo digital reconocido y su uso está permitido en transacciones entre privados.
Es importante destacar que la volatilidad del Bitcoin y la necesidad de una mayor educación sobre su uso siguen siendo desafíos importantes para su adopción masiva. Sin embargo, El Salvador continúa siendo un referente en la región en cuanto a la regulación de criptomonedas y su integración a la economía.
La nueva normativa de El Salvador sobre Bitcoin buscan cumplir con acuerdos internacionales, ajustar la ley a la realidad del mercado y brindar mayor flexibilidad a las empresas.
